La renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez abrió una nueva controversia en torno al funcionamiento de la instancia creada para esclarecer vulneraciones cometidas contra niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. Los comisionados acusaron falta de condiciones mínimas para desarrollar su labor, apuntando principalmente a los recortes presupuestarios y a la reducción de equipos profesionales que sostenían el trabajo territorial y testimonial de la comisión.
La salida de los integrantes se produjo en medio de cuestionamientos hacia el Ejecutivo por modificaciones operativas que, según denunciaron, afectan directamente la capacidad de recopilar testimonios y reconstruir los hechos de violencia institucional ocurridos en centros de protección y privación de libertad. En conversación con Semáforo, el doctor en Filosofía y académico de la Universidad de Chile, Matías Marchant, parte de los miembros que renunciaron a la comisión, explicó que ésta tenía como principal misión “recabar la voz de personas que han sufrido violencia mientras estuvieron a cargo del sistema de protección”, tanto en organismos estatales como en instituciones colaboradoras privadas.
El académico subrayó además que más del 90% de la oferta de protección en niñez está en manos de organismos privados colaboradores del Estado, lo que complejiza el levantamiento de antecedentes y el acceso a información. En ese contexto, afirmó que el trabajo de la comisión requería un despliegue técnico y humano especializado para abordar testimonios altamente sensibles y marcados por experiencias traumáticas.
Por su parte, la profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, defendió los avances alcanzados por la comisión antes de la crisis interna. “La comisión ha recibido 300 testimonios.
Eso, en comparación internacional, es una buena cantidad”, sostuvo, enfatizando que las personas que declaraban habían vivido traumas severos durante su infancia y que muchas veces enfrentaban enormes dificultades para verbalizar esas experiencias. Schönsteiner explicó que la recepción masiva de testimonios comenzó recién desde agosto, luego de varios meses de instalación operativa y capacitación de equipos regionales.