Una diferencia de casi un punto del PIB en el déficit proyectado, compromisos de gasto sin financiamiento identificado y una inconsistencia de más de US$10.500 millones en la deuda pública. Esos son los hechos que estructuran la acusación constitucional que se presentará contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El texto, al que tuvo acceso Radio BÃo BÃo, fija como eje central una supuesta infracción a la Constitución y a las leyes que regulan la administración financiera del Estado, en términos simples, por un comportamiento irresponsable que afectó la billetera fiscal pese a todas las advertencias que se habÃan hecho. El libelo âsegún quienes participaron en su elaboración en el Partido Nacional Libertarioâ no se construyó sobre interpretaciones polÃticas, sino sobre antecedentes técnicos contenidos en documentos oficiales del propio Estado, particularmente el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 (IFP 4T25) y su posterior corrección en 2026 .
Desde el inicio, la acusación delimita el debate a datos, que advierten los responsables, está amparado en informes técnicos. El documento señala que âlo que esta acusación somete al juicio de la Honorable Cámara no es una mera divergencia técnica o de mérito polÃtico, sino una infracción objetiva al deber constitucionalâ.
El origen del conflicto: cifras que no calzan El primer hecho que estructura la acusación es la diferencia entre las proyecciones fiscales originales y las cifras corregidas posteriormente. El libelo consigna que el IFP proyectó un déficit de -1,8% del PIB para 2026.
Sin embargo, el informe posterior corrigió esa cifra, señalando que âel déficit efectivo proyectado para 2026 se elevó a -2,9% del PIB (â¦) lo que representa una desviación de un punto porcentual del PIBâ . A esto se suma un segundo elemento: la omisión de gastos comprometidos.