Los candidatos que accedan a la segunda vuelta presidencial 2026 en Perú tendrán acceso a la franja electoral para difundir sus propuestas y planes de gobierno en radio, televisión y redes sociales, de acuerdo con lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La franja electoral en la segunda vuelta operará bajo lineamientos claros establecidos en la legislación vigente, con el objetivo de asegurar la igualdad de condiciones entre los competidores.
Según fuentes de la ONPE, las dos opciones políticas ganadoras de la primera elección serán las únicas autorizadas para acceder a este mecanismo, el cual se activa 15 días calendario antes de la jornada de sufragio y culmina 2 días antes del evento electoral. La normativa que regula este proceso se encuentra estipulada en la Ley Orgánica de Elecciones, que establece el marco legal para la organización y fiscalización de las elecciones nacionales.
Así, la ONPE asume la responsabilidad de coordinar todo lo necesariO para la correcta implementación de la franja electoral, desde la inscripción de los partidos hasta la supervisión de la emisión efectiva de la propaganda en los medios autorizados. Cómo funcionará la franja electoral en la segunda vuelta En primer lugar, la ONPE realiza un cálculo de la adjudicación económica correspondiente a cada organización política, determinando el monto que será utilizado para la compra de espacios en medios electrónicos.
Posteriormente, la institución habilita la plataforma digital Claridad, que facilita la transparencia en la gestión de los fondos públicos dirigidos a financiar la publicidad electoral y que puede ser revisada por cualquier ciudadano. De acuerdo con lo explicado por Briseida Rodríguez, coordinadora de financiamiento público indirecto de la ONPE, el proceso continúa con el registro de los medios de comunicación que cumplen con los requisitos legales para participar en la franja.
Solo aquellos medios aprobados pueden recibir la asignación económica y emitir la propaganda política. La ONPE valida la efectividad de la transmisión antes de autorizar los desembolsos, asegurando así que los recursos públicos se utilicen correctamente.