La muerte de Alejandro Águila, el niño de 12 años que falleció arrastrado durante una encerrona en San Bernardo, precipitó la respuesta del Ejecutivo. Dos adolescentes de 17 años participaron en el ataque, y el Gobierno anunció un paquete de indicaciones legales para endurecer las penas a menores infractores y permitir que, en ciertos casos, sean juzgados como adultos.

El núcleo de la propuesta es el llamado catálogo de los 17: una lista de delitos de extrema gravedad por los que jóvenes de 16 y 17 años podrían ser procesados bajo el régimen penal de adultos. El ministro de Justicia, Martín Arrau, precisó que la medida no sería automática. La solicitud parte del fiscal a cargo y debe ser autorizada por un juez.

Los delitos del catálogo abarcan homicidio simple y calificado, parricidio, secuestro, violación, robo con violencia e incendio con resultado de muerte o lesiones. También incluyen los ataques contra Carabineros, la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) y Gendarmería, además de cualquier ilícito sancionado con presidio perpetuo. Quienes sean condenados por estos delitos serían trasladados a una cárcel de adultos al cumplir los 18 años, con un informe favorable del Servicio Nacional de Reinserción como requisito.

El plan apunta también a quienes usan a niños para delinquir. El Gobierno otorgó suma urgencia a un proyecto que tipifica el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, con penas que pueden llegar al presidio mayor en su grado mínimo cuando se usa violencia o se aprovecha la vulnerabilidad de la víctima.

Además, la propuesta eleva el tope máximo de internación para menores de 16 años reincidentes en delitos graves: de 5 a 10 años. Los adultos que hayan sido condenados por delitos del catálogo durante su minoría de edad tampoco podrán invocar la atenuante de irreprochable conducta anterior en procesos futuros, lo que cierra una vía que usualmente reduce las penas.

Los cambios llegan casi dos décadas después de que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente creara, en 2007, un sistema diferenciado para menores de 18 años basado en la reinserción. Tocar ese principio, aunque sea en casos extremos, supone el debate más profundo de esta reforma.

José Antonio Kast declaró su respaldo integral a las medidas. La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) fue más allá y solicitó poner urgencia a proyectos adicionales, aunque el debate legislativo está recién comenzando.