Prueba clave Fiscalía busca acreditar que fraude en la corporación se hizo con recursos fiscales Con la presentación de prueba testimonial por parte del Ministerio Público continuó este lunes el juicio oral por el millonario fraude que afectó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, causa en la que 13 personas enfrentan acusaciones por diversos delitos asociados a un perjuicio económico que superaría los $762 millones. La sexta jornada del proceso estuvo centrada en la declaración de Ricardo Gómez, encargado del Departamento de Finanzas de la corporación, quien entregó antecedentes sobre el funcionamiento administrativo de la entidad, especialmente respecto al origen de los recursos, los mecanismos de pago y el procedimiento utilizado para autorizar boletas de honorarios antes de efectuar los desembolsos.
Su comparecencia marcó el inicio formal de la etapa probatoria de la fiscalía, luego de que durante las jornadas anteriores se desarrollaran los alegatos de apertura y las declaraciones de algunos de los acusados. Según explicó el abogado querellante de la corporación municipal de La Serena, Gonzalo Pinochet, la prueba presentada busca acreditar elementos centrales de la acusación, particularmente el carácter público de los recursos involucrados.
“El Ministerio Público comenzó presentando prueba testimonial para explicar cómo funcionaba internamente la Corporación Gabriel González Videla y establecer el origen de los fondos que administraba”, señaló. De acuerdo con el profesional, durante la audiencia quedó establecido que los recursos provenían principalmente del Ministerio de Salud, tanto a través del financiamiento per cápita como de diversos programas ejecutados mediante convenios suscritos entre el Servicio de Salud y la municipalidad de La Serena.
Para los querellantes, este antecedente resulta fundamental, ya que permite sustentar una de las principales figuras penales invocadas en la causa: el delito de fraude al Fisco. “Ha quedado demostrado que los recursos involucrados son públicos, que las funciones desarrolladas eran de carácter público y que las labores desempeñadas por los acusados también estaban vinculadas al ejercicio de funciones públicas”, sostuvo Pinochet.
Durante la audiencia también fueron incorporadas boletas observadas y sus respectivos comprobantes de pago, documentos que forman parte de la evidencia con la que la fiscalía intenta demostrar la existencia de desembolsos por servicios que presuntamente no habrían sido prestados. La investigación apunta a una supuesta estructura que habría operado entre 2019 y 2024 al interior del Departamento de Salud de la corporación, mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas, pagos por prestaciones inexistentes y movimientos de dinero que hoy son objeto de análisis judicial.