Minvu rechaza querella de Social Arquitectura y descarta coacción en proceso de reconstrucción de El Olivar La acción judicial se enmarca en las reiteradas denuncias a Poduje por supuestas presiones a funcionarios del Serviu Valparaíso para elaborar informes técnicos “forzados” que justificaran el término anticipado de contratos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó “categóricamente” las imputaciones formuladas en la querella interpuesta por la empresa Social Arquitectura al Serviu y al Fisco por la paralización anticipada de las obras de reconstrucción en el sector El Olivar, tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar en 2024.
A través de un comunicado, el Minvu señaló que las decisiones en torno a las obras de aquel sector han sido “tomadas sobre la base de antecedentes técnicos objetivos, la normativa vigente y el deber legal de resguardar los recursos públicos y, especialmente, la seguridad de las familias damnificadas”. La querella, interpuesta ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, tiene el fin de invalidar una serie de actos administrativos decretados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ordenó revocar el convenio con la empresa y continuar con el cobro de una boleta de garantía por 500 UF que, posteriormente, fue suspendido de forma provisoria.
En ese sentido, Social Arquitectura está exigiendo una indemnización de más de $12 mil millones por los perjuicios ocasionados. La acción judicial se enmarca, además, en las reiteradas denuncias a Poduje por supuestas presiones a funcionarios del Serviu Valparaíso para elaborar informes técnicos “forzados” que justificaran el término anticipado de contratos con la Constructora San Sebastián Ltda.
y la mencionada empresa, y la decisión de demoler 52 viviendas con más de un 90% de avance en El Olivar. En ese sentido, respecto a los cuestionamientos sobre la veracidad de los documentos, el ministerio precisó que los informes fueron elaborados por los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) del Serviu de Valparaíso y descartaron falsificación, señalando que los eventuales errores administrativos deben ser “revisados por las instancias regionales pertinentes”.
Sobre la coacción, la subsecretaria Natalia Aguilar que “el ejercicio legítimo de una potestad pública no constituye coacción”. “El ministro ha actuado dentro de sus atribuciones, con responsabilidad y con el objetivo de asegurar que las viviendas que se entreguen a las familias cumplan con los estándares técnicos y de seguridad que corresponden”, agregó Aguilar.