La Contraloría General de la República emitió un instructivo dirigido a todo el gabinete con nuevas exigencias para el ejercicio del cargo, bajo el gobierno de José Antonio Kast. El documento, identificado como IN14/2026 y fechado el 27 de marzo, establece lineamientos obligatorios enfocados en el cumplimiento de la probidad administrativa y la transparencia.
Según el texto, las disposiciones no corresponden a sugerencias, sino a una instrucción formal. “Los Ministros de Estado (…) están sometidos al estricto cumplimiento de los principios de legalidad y probidad administrativa”, señala el documento, enfatizando su rol como colaboradores directos del Presidente.
Conflictos de interés: foco en riesgos reales y potenciales Uno de los ejes principales del instructivo es el control de los conflictos de interés, incluyendo no solo situaciones concretas, sino también aquellas que podrían surgir. “La jurisprudencia administrativa ha concluido que el principio de probidad tiene por objeto impedir que las personas (…) puedan ser afectadas por un conflicto de intereses (…) aun cuando aquel sea solo potencial”, establece el texto.
En este contexto, se refuerza el deber de abstención. Los ministros deberán marginarse de decisiones cuando existan factores que puedan afectar su imparcialidad, como intereses personales, vínculos familiares, relaciones profesionales o incluso “amistad íntima o enemistad manifiesta”.
Declaración de patrimonio y sanciones por incumplimiento El instructivo también pone énfasis en la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), que debe ser presentada dentro de los 30 días posteriores al nombramiento y actualizada anualmente. El incumplimiento contempla sanciones económicas.