FNE advierte que normas del Minvu frenan competencia y elevan los costos: recomienda cambios profundos El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos. Noticias destacadas La Fiscalía Nacional Económica (FNE) encendió las alertas sobre el marco regulatorio que rige las licitaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu).
En un extenso informe presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco del Expediente de Recomendación Normativa N°40-2026, el organismo identificó una serie de deficiencias que, a su juicio, restringen la participación de agentes económicos y elevan los costos de las obras públicas. El documento, firmado por el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, fue elaborado tras una investigación interna iniciada en marzo de 2026 y tiene como telón de fondo una solicitud presentada por cuatro empresas constructoras -Icafal Ingeniería y Construcción S.A., Sicomaq SpA, Constructora IS Limitada e Inversiones Morval Limitada- que pidieron al TDLC recomendar al Minvu la reforma de dos decretos clave: el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas (RENAC) y el Reglamento de Contratos del Serviu.
Esta solicitud fue adelantada por DF esta semana. La traba de las empresas relacionadas El primero de los nudos identificados por la FNE es el artículo 20 del Reglamento del Renac, que prohíbe la inscripción simultánea en un mismo registro o especialidad de empresas que compartan socios, directores, gerentes o representantes.
La fiscalía estima que esta restricción "podría tener potenciales efectos en la entrada de nuevos actores y en la intensidad competitiva de las licitaciones". En la práctica, la norma obliga a grupos empresariales a operar como una sola entidad, impidiendo la distribución del capital por especialidad, zona geográfica o gestión de riesgos, estrategias que el informe califica como "habituales y legítimas".
El resultado, según la FNE, es una menor cantidad de oferentes en los procesos y, en consecuencia, peores precios para el erario público. El organismo propone revisar esta limitación y evaluarla con herramientas menos restrictivas.