El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a nueve médicos de nacionalidad extranjera a cumplir penas de cárcel efectiva tras participar en una organización criminal dedicada a emitir licencias médicas falsas. La sentencia de 308 tomos también alcanzó a ocho personas más, sumando 17 condenados en total: once cumplen cárcel efectiva y seis lo harán bajo libertad vigilada.
El fraude operó entre 2020 y 2022. Durante ese período, los imputados emitieron cerca de 80 mil licencias fraudulentas que causaron un perjuicio oficial de 31.571 millones de pesos a Fonasa. La Fiscalía Metropolitana Oriente advierte que el monto real podría superar los 50 mil millones de pesos al incluir otros centros médicos que también participaron en las operaciones ilícitas.
La red funcionaba a través de centros médicos de fachada creados exclusivamente para emitir licencias falsas. El tribunal condenó por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.
Samir Enrique Rivaldo Hernández fue sindicado como líder de la organización. Recibió la pena más alta: 10 años y un día de presidio mayor en grado medio, más cinco años de reclusión menor en grado máximo por emisión reiterada de licencias falsas, y tres años de presidio menor por asociación ilícita, totalizando 18 años de cárcel. Se le impuso además una multa de 2.566 millones de pesos. Rivaldo emitió alrededor de 16 mil licencias fraudulentas.
Otros médicos recibieron condenas de 16, 15 y 13 años de presidio. Los seis acusados que comparecieron a juicio oral, entre compradores y captadores, fueron sentenciados a poco más de cuatro años de presidio cada uno. Al no superar los cinco años, se beneficiaron con libertad vigilada intensiva.
El fiscal de Alta Complejidad Álvaro Pérez valoró la sentencia al señalar que "no solamente fueron condenados los médicos, también otras personas que intervinieron en esta estructura criminal". La magistrada Grace Díaz fue enfática al leer el fallo y lo calificó como una sanción ejemplificadora, con tal volumen documental que ni siquiera puede enviarse por correo electrónico a los abogados defensores.
César Oyarzo, director de Fonasa, subrayó que "aquí se ha ratificado que comprar y vender licencias médicas es un delito" y que "las asociaciones criminales que se han formado para llevar esto a volúmenes constituyen un elemento que tenemos que terminar dentro del país". La defensa de Rivaldo anunció que recurrirá ante la Corte Suprema pidiendo la nulidad de la sentencia.