El fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles recíprocos impuestos durante la administración de Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (National Emergencies Act), lo que abre la puerta a una avalancha de reclamaciones por parte de importadores y minoristas estadounidenses.
El Alto Tribunal no se pronunció sobre si esos pagos deben ser devueltos, cuestión que corresponde ahora a tribunales inferiores. Aun así, la sentencia ha encendido un largo proceso judicial, porque la administración anterior recaudó, según estimaciones, alrededor de US$170.000 millones al amparo de esa ley.
Antes del fallo, más de 1.500 empresas importadoras y cadenas minoristas ya habían presentado demandas preventivas ante las autoridades de comercio de Estados Unidos, buscando asegurar la posibilidad de recuperar lo pagado. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, principal agrupación empresarial del país, elogió la decisión y dijo que se traducirá en reembolsos "significativos" que podrían impulsar la actividad económica en 2026.
Los analistas señalan que los sectores más perjudicados son los que importan bienes finales, como la industria textil, la juguetera y la alimentaria, que incluyen a mayoristas, minoristas y fabricantes con plantas fuera de Estados Unidos. Un estudio del think tank Council on Foreign Relations de Estados Unidos calculó que, tres meses después de la entrada en vigor de los aranceles, el 64% del incremento de costes recaía en los importadores estadounidenses, el 14% lo soportaban los exportadores extranjeros y el 22% restante se repercutía en consumidores y distribuidores.
El escenario inmediato es de incertidumbre: si los tribunales inferiores dictaminan a favor de los reembolsos habrá un proceso largo de reclamaciones individuales y colectivas, ajustes contables para importadores y un impacto fiscal directo para el Tesoro estadounidense. Además, la resolución limita el margen de maniobra del Ejecutivo en materia comercial, lo que tendrá implicancias políticas y para la política exterior estadounidense.
Para Chile y América Latina la decisión importa por varias vías. Estados Unidos es un mercado clave para los exportadores chilenos de frutas, salmón, vino y madera. Si los importadores estadounidenses recuperan aranceles, podrían renegociar precios o condiciones con sus proveedores, lo que afectaría márgenes y contratos de exportación. Además, la sentencia reduce la predictibilidad de la política comercial estadounidense, algo que complica la planificación de cadenas de valor y acuerdos bilaterales.
Las empresas exportadoras y los gremios chilenos que comercian con Estados Unidos deberían seguir de cerca las decisiones de los tribunales inferiores y las posibles orientaciones de la Cancillería. A medio plazo, la resolución podría motivar un reordenamiento de prácticas comerciales internacionales y presionar por mayores certezas legales en la relación comercial entre Washington y sus socios, entre ellos Chile.
En los próximos meses se esperan miles de reclamaciones, litigios complejos y pronunciamientos adicionales. El verdadero alcance económico y político de la anulación de los aranceles dependerá de cómo resuelvan los tribunales inferiores la cuestión de los reembolsos y de las respuestas regulatorias del Ejecutivo y del Congreso de Estados Unidos.