OHL Industrial Chile presentó ante el 4° Juzgado Civil de Santiago una solicitud de liquidación voluntaria, alegando un «deterioro sostenido» de su situación financiera desde 2023 y la insuficiencia de ingresos para atender sus obligaciones. La firma formalizó la petición mediante un escrito patrocinado por el abogado Benjamín Grebe, del estudio Prieto, según la presentación a la que tuvo acceso el medio chileno Pulso.
En su documento la compañía detalla que, al cierre del ejercicio 2025 y con información contable complementaria, registra pasivos que ascienden a $21.086 millones, montos que no puede pagar por falta de liquidez y por no contar con activos líquidos suficientes. También advierte la concurrencia de deudas con partes relacionadas, obligaciones impagas con proveedores y contingencias judiciales civiles y laborales que han agravado la situación.
Por partes relacionadas se entiende a empresas o entidades vinculadas al mismo grupo económico, es decir, acreedores del propio grupo empresarial, algo parecido a pedir prestado entre empresas hermanas para cubrir un agujero de caja. La compañía explica que ese endeudamiento progresivo con vinculadas fue una de las causas principales del estrés financiero, junto con demandas laborales y reclamos de proveedores.
El trámite judicial ahora depende de la evaluación del 4° Juzgado Civil de Santiago, que debe admitir o rechazar la solicitud y determinar los pasos procesales. Una liquidación voluntaria es un mecanismo en que la empresa solicita al tribunal vender sus activos para pagar a los acreedores, aunque no garantiza el pago total de todas las obligaciones. El escrito no entrega cifras comparativas sobre pasivos anteriores, por lo que no es posible verificar públicamente cuánto crecieron las deudas respecto de ejercicios previos.
Para Chile, la quiebra de una filial de un grupo constructor extranjero puede afectar a trabajadores directos, subcontratistas y proveedores locales, y también a contratos en curso si la sociedad es parte de proyectos de obras o montajes. En el corto plazo, acreedores podrían impulsar acciones para recuperar pagos, y los trabajadores podrán buscar cobro de remuneraciones adeudadas por la vía laboral. En el mediano plazo, la situación abre la posibilidad de venta de activos, reestructuración o liquidación definitiva, según lo que decida el tribunal y el mercado de compradores interesados.
Quedan preguntas abiertas: la presentación señala el problema de liquidez desde 2023, pero no detalla los montos de pasivos en años previos ni el estado de contratos específicos en Chile. El siguiente paso clave es la resolución del 4° Juzgado Civil de Santiago y las eventuales gestiones de acreedores y autoridades laborales para proteger a empleados y proveedores afectados.