Un nuevo flanco político se abrió para el exministro de Economía, Nicolás Grau (Frente Amplio), luego de que un informe de la Contraloría General de la República detectara una serie de irregularidades en la ejecución del Censo 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Entre los hallazgos del organismo fiscalizador figura la contratación de 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros que no se encontraban habilitados para trabajar en Chile.
Asimismo, se detectó que una asesora contratada por el INE participó en la comisión evaluadora de la licitación del Censo pese a ser representante legal de una de las empresas involucradas en el proceso. Las observaciones derivaron en cuestionamientos hacia la gestión de Grau, quien encabezaba el Ministerio de Economía durante el período en que se desarrolló la licitación y ejecución del operativo censal.
Desde La Moneda, el hoy titular de dicha cartera, Daniel Mas sostuvo que los antecedentes podrían implicar responsabilidades políticas de Grau, quien ya enfrenta, por estos días, una acusación constitucional debido su trabajo en Hacienda. "Son hechos graves lo que ha pasado y están en la administración anterior.
Todo el Censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y, evidentemente, pueden haber responsabilidades políticas. ¿Por parte de quién?
Del ministro Grau, es el ministro de Economía de su momento.", afirmó. La auditoría también estableció falencias en la supervisión del proceso, al no poder acreditarse si más de 500 censistas realizaron efectivamente las labores por las cuales fueron remunerados.