Gobierno amplía querella por agresión a ministra Lincolao, invoca la Ley de Seguridad del Estado e insiste en pedir prisión preventiva Pese a que los imputados tienen irreprochable conducta anterior y el delito de atentado contra la autoridad contempla una pena muy baja, el Ministerio de Seguridad apeló a la resolución del Juzgado de Garantía de Valdivia que dejó a los investigados sólo con firma quincenal. El lunes tres estudiantes fueron formalizados por la agresión que afectó a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en dependencias de la Universidad Austral de Chile, a inicios de abril.
Se trató de Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga, quienes quedaron con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Pero en la instancia, tempranamente el abogado Joaquín Pizarro, que representó al Ministerio de Seguridad, anunció que estaban analizando ampliar la querella interpuesta bajo la teoría de que el delito en cuestión no era simplemente el de atentado contra la autoridad, sino que podría tratarse también de un secuestro.
La ampliación se materializó durante la semana. Pero para la sorpresa de los intervinientes en el proceso, el Ejecutivo, específicamente la cartera encabezada por la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado, normativa que se utiliza en situaciones muy específicas y excepcionales.
Por ejemplo, se invocó dicha prerrogativa en querellas presentadas por el Ejecutivo en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019, ante paralizaciones de camioneros en 2022, y también por violencia en la Macrozona Sur el mismo año. En esta oportunidad, frente al caso de la ministra de Ciencias, se cita el artículo 5° letra b de la disposición, que sanciona a “los que con el propósito de alterar el orden constitucional o la seguridad pública o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad privaren de libertad a una persona, serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio.
Si el secuestro durare más de cinco días, o si se exigiere rescate o se condicionare la libertad en cualquiera forma, la pena será de presidio mayor en su grado máximo". Lo anterior, como ya había expresado el abogado que representa como querellante a Seguridad, en virtud de que la ministra estuvo cerca de dos horas al interior del Aula Magna de esa casa de estudios sin poder salir debido a las manifestaciones que se estaban generando en su contra y porque los estudiantes bloquearon los accesos.