Desde el Partido Republicano, el diputado Enrique Bassaletti cierra filas con los uniformados condenados por el estallido social, pero toma distancia de quienes empujan una ley de amnistía general. Para el exgeneral de Carabineros, la salida correcta son los indultos, pero evaluados uno a uno.
La distinción no es menor. Bassaletti sostiene que una ley de amnistía opera en contextos de quiebre institucional severo, donde el Poder Judicial está suspendido o no existen garantías mínimas. "Claramente ese no fue el caso de lo que ocurrió a contar del 18 de octubre del año 2019", afirmó. Por eso, dice, la herramienta correcta es una moción legislativa que permita revisar situaciones individuales, no una medida de alcance general.
El exgeneral estuvo en el Alto Mando de Carabineros durante los meses del estallido, lo que marca su lectura del conflicto. Su defensa de los uniformados condenados apunta a lo que llama una "asimetría tremenda". Los carabineros y militares procesados actuaron bajo "violencia extrema, simultánea y sistemática", argumenta. Una condición que, a su juicio, diferencia su situación de la de alguien que en un contexto normal viola los derechos de otra persona.
Sobre quienes protestaron, Bassaletti traza una línea: reconoce las manifestaciones legítimas, pero separa de ellas a quienes cometieron delitos durante el estallido. A ese segundo grupo, dice, el presidente Gabriel Boric los indultó en su primer año de gobierno. Algunos de esos indultados reciben pensiones que el diputado cuestiona. Sin embargo, no llama a revertir esas decisiones: las reconoce como hechos consumados y las usa como argumento de simetría para justificar los indultos que pide ahora.
Sobre si impulsar estos beneficios equivale a interferir en resoluciones judiciales ya dictadas, Bassaletti lo descarta. "Algunos le dicen a uno: oye, pero esto ya fue una cosa juzgada. No estoy haciendo eso", respondió. El diputado adelantó que espera introducir indicaciones a la moción en trámite y confía en que la ley prospere sin necesidad de recurrir directamente a la facultad presidencial de indulto.
