Un mecanismo inédito estudia el Gobierno para perseguir a quienes abusaron de las licencias médicas. La Subsecretaría de Previsión Social evalúa retener la devolución de impuestos a la renta y las indemnizaciones por despido de trabajadores que cobraron subsidios de incapacidad laboral de forma irregular, según informó Cooperativa.

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, puso cifras concretas al problema: la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) estima que, si se lograran recuperar los recursos de licencias mal otorgadas durante 2025 y lo que va de 2026, el Fisco podría recaudar 56 millones de dólares. La dificultad está en que las contralorías médicas tienen pocas facultades legales para exigir esas devoluciones.

Por eso, el Ejecutivo estudia dos mecanismos. El primero es retener la devolución de impuestos que el Servicio de Impuestos Internos (SII) paga cada año a los contribuyentes. El segundo replica la lógica de las pensiones de alimentos: obligar al empleador a descontar parte del sueldo o de la indemnización por despido para recuperar lo mal cobrado. "Estas medidas están en estudio con la intención de recuperar los recursos que son de todos los chilenos", precisó Cabezón.

Ambas indicaciones se sumarían al proyecto de ley que homologa el pago de licencias entre el sector público y el privado, iniciativa que descansa en la Comisión de Salud del Senado. El presidente de esa comisión, el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista (PS), respaldó la dirección del Ejecutivo.

Castro calificó el fraude de "delito de cuello y corbata" que ha circulado con impunidad. "No da lo mismo defraudar por miles de millones de pesos al Estado desde el mismo Estado", afirmó. El legislador planteó que cualquier mecanismo orientado a recuperar los fondos o aplicar sanciones punitivas será bienvenido, incluida la vía propuesta por la Subsecretaría.

El proyecto en tramitación aspira a cerrar la brecha entre trabajadores públicos y privados en el acceso al beneficio. Las nuevas indicaciones que prepara el Ejecutivo apuntan a que esa ley también tenga herramientas para perseguir el fraude ya cometido. La Subsecretaría de Previsión Social no precisó la fecha de ingreso de esas indicaciones al Congreso.