El panorama legislativo enfrenta un nuevo foco de polarización que amenaza con congelar la agenda de acuerdos. El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, manifestó su rechazo a la acusación constitucional presentada en contra del exministro Nicolás Grau, advirtiendo que esta acción —propiciada por sectores oficialistas— entorpece de manera directa la opción de consolidar pactos políticos transversales en el Parlamento.
El parlamentario por la Región de O’Higgins aseguró que el libelo, que actualmente se encuentra bajo la revisión de una comisión especial, fomenta un clima de crispación que atrinchera a los legisladores en posiciones extremas. Soto enfatizó que las consecuencias de esta ofensiva superan el mero gallito partidario, apuntando a que, al tratarse de un exjefe de la cartera de Hacienda, se termina arrastrando la institucionalidad fiscal al barro de la contingencia y las disputas menores, dañando en última instancia la calidad democrática del país.
Para la dirigencia del PPD, la acción carece de sustento jurídico real. Soto planteó de forma categórica que a estas alturas resulta evidente que no existe ningún vicio de constitucionalidad en la gestión de la exautoridad, alertando sobre el peligro de institucionalizar una dinámica de hostilidad cruzada que termine en un escenario de vendetta política sin fin entre los distintos bloques del Congreso.
Frente a este riesgo de ingobernabilidad, el timonel valoró la existencia de una propuesta legislativa orientada a elevar los quórums y requisitos para la presentación de futuras acusaciones constitucionales. El timonel cerró su emplazamiento manifestando su expectativa de que dicha iniciativa no sea un intento del oficialismo por blindar de forma exclusiva a sus ministros vigentes, sino una señal genuina de responsabilidad de cara a la votación del caso que afecta a Grau.