El impuesto territorial y la expulsión silenciosa: cuando la gentrificación alcanza a los jubilados A propósito del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional recientemente presentado, en Chile, el impuesto territorial ha sido tradicionalmente defendido como un tributo eficiente, estable y difícil de eludir. Su lógica es impecable en teoría: gravar la propiedad raíz como manifestación de capacidad contributiva y fuente de financiamiento municipal.
Sin embargo, como ocurre con tantos instrumentos tributarios diseñados bajo supuestos abstractos, su aplicación real revela tensiones éticas y distributivas que el legislador no ha querido enfrentar. Una de ellas es su impacto sobre los adultos mayores propietarios de viviendas en zonas que han experimentado procesos acelerados de gentrificación.
La gentrificación, entendida como el desplazamiento indirecto de residentes tradicionales debido al alza del valor del suelo y la llegada de nuevos grupos socioeconómicos, no es solo un fenómeno urbano. Es también un fenómeno tributario.
Allí donde sube el precio del suelo, sube la contribución; y donde sube la contribución, se erosiona la capacidad de permanencia de quienes viven de ingresos fijos, particularmente los jubilados. El impuesto territorial, en estos casos, opera como un mecanismo de expulsión silenciosa: no obliga a vender, pero hace cada vez más difícil quedarse.
El problema no es menor. El sistema previsional chileno genera pensiones que, en la mayoría de los casos, no guardan relación con el valor de mercado de las viviendas adquiridas décadas atrás.