La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó una acusación formal contra dos ciudadanos mexicanos, a quienes responsabiliza de integrar una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) instalada en Chile, y solicitó 35 años de presidio para cada uno. El caso llegó a la justicia tras la desarticulación de la red, que culminó en enero de 2025, según el Ministerio Público.

La investigación, que duró casi dos años, fue liderada por el fiscal regional Juan Castro Bekios y ejecutada junto al OS7 de Carabineros, la unidad especializada en drogas. El fiscal detalló que los imputados están acusados de tráfico de drogas, elaboración ilegal de estupefacientes, tenencia de precursores químicos y asociación criminal. El operativo terminó con el hallazgo de un laboratorio clandestino de alta tecnología en una parcela rural de la comuna de Lolol, en la Región de O'Higgins, donde según la Fiscalía se realizaba la síntesis y extracción de metanfetamina.

Según antecedentes del Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos (SACFI), la organización intentaba establecer una plataforma de exportación de drogas sintéticas hacia mercados de Asia y Oceanía, utilizando a Chile como punto de acopio y procesamiento. En los peritajes se detectó que la droga ingresaba desde México a través del Puerto de Manzanillo, en México, oculta y diluida en 36 tinetas de pintura para evadir controles. Antes del envío mayor, los acusados habrían enviado una muestra oculta en un repuesto de vehículo hacia Antofagasta como viaje de prueba.

El Ministerio Público sostiene la vinculación con el CJNG por el origen del cargamento y por patrones de control territorial que, según agencias internacionales, este grupo criminal ejercía sobre la terminal del Puerto de Manzanillo. "El empleo del Puerto de Manzanillo es un sello distintivo de esta organización", dijo el fiscal Juan Castro Bekios al explicar parte de la evidencia. Fuentes de Carabineros y del SACFI consignaron que el plan incluía el envío de un cargamento mayor de 844 kilos de metanfetamina, acción que no llegó a concretarse por la intervención policial.

En el plano local, la investigación también concluye que los imputados cambiaron su intención inicial de operar en el norte grande y optaron por la zona central para instalar su centro de extracción química, lo que abre nuevas preguntas sobre vulnerabilidades en rutas interiores y de fiscalización. Para Fiscalía y Carabineros, el caso evidencia la capacidad de organizaciones transnacionales de adaptar rutas y métodos para aprovechar el corredor del Pacífico sur, que consideran con menor nivel de vigilancia que otras rutas.

La causa seguirá su tramitación en los tribunales penales de la Región de O'Higgins y Antofagasta, donde la Fiscalía buscará acreditar la responsabilidad individual de los imputados y los vínculos con la organización criminal mexicana. En paralelo, OS7 y la Fiscalía anunciaron que mantendrán la investigación para identificar eventuales redes locales y posibles otros envíos, y que reforzarán la coordinación internacional con autoridades mexicanas y aduaneras para seguir la pista de precursores y contenedores sospechosos.