El Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, que agrupa a más de 2.300 personas, quiere que se anulen la aprobación ambiental y un recurso administrativo rechazado vinculados a un proyecto de BHP valorado en US$2.351 millones. El Primer Tribunal Ambiental admitió el reclamo esta semana.
La iniciativa cuestionada fue ingresada al sistema de evaluación ambiental en marzo de 2025 y aprobada a fines de septiembre del mismo año. Su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el documento que autoriza formalmente la ejecución de un proyecto, fue emitida a mediados de octubre. Se llama "Modificaciones Operacionales en Planta Concentradora Laguna Seca y Nueva Línea Eléctrica Asociada, al Interior de Minera Escondida" y busca implementar adecuaciones en la planta Concentradora Laguna Seca, con nuevas obras de molienda, chancado y flotación para mantener los niveles de producción del yacimiento.
Escondida, ubicada en la Región de Antofagasta, es la mina de cobre con mayor producción del mundo y es operada por la multinacional australiana BHP.
La demanda apunta contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo estatal a cargo del director ejecutivo Arturo Farías. Los trabajadores alegan que el sindicato no fue considerado "debidamente" en el proceso de participación ciudadana, y que el proyecto debió evaluarse como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), modalidad con exigencias más rigurosas, en lugar de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que aplica cuando la iniciativa no genera efectos significativos.
La diferencia legal no es menor. Una DIA corresponde cuando un proyecto no provoca impactos de envergadura en recursos naturales, comunidades humanas, áreas protegidas o salud de la población, según establece el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El sindicato sostiene que el proyecto de BHP sí genera esos efectos, y que la evaluación no cumplió con las exigencias legales orientadas a proteger la salud de las personas.
El reclamo fue presentado el 12 de junio de 2026 y el Primer Tribunal Ambiental lo admitió días después. El tribunal deberá determinar si la tramitación ambiental del proyecto fue válida o si corresponde declarar su nulidad.
