El diputado Cristián Neira, del Partido Republicano y representante por La Araucanía, pidió al Ejecutivo declarar urgencia a su proyecto de ley para asegurar el cumplimiento efectivo de penas en delitos graves contra la vida y la integridad física. La petición llegó días después de que la familia de Alejandro Águila, el niño de 12 años asesinado en una encerrona en San Bernardo, anunciara la "Ley Alejandro": una iniciativa ciudadana que exige condenas sin beneficios penitenciarios para crímenes violentos.

El caso expuso fallas concretas en el sistema. Según informó BioBío Chile, tres de los cuatro detenidos por el homicidio tenían antecedentes penales previos, y algunos contaban con medidas cautelares ya vencidas al momento del crimen. El debate que generó el caso no es solo sobre penas más duras: es sobre cómo el Estado permite que personas con historial delictivo grave sigan en libertad.

La propuesta de Neira apunta directamente a ese problema. El proyecto establece restricciones para acceder a beneficios penitenciarios y mecanismos sustitutivos de cumplimiento de condena en casos de homicidio y otros delitos especialmente graves. El objetivo es que la sentencia del tribunal sea la que efectivamente se cumpla, sin reducciones por permisos o libertad condicional anticipada.

"El dolor que hoy vive la familia de Alejandro es el mismo que han enfrentado muchas víctimas de la delincuencia", afirmó el parlamentario. "Su llamado a asegurar que quienes arrebatan una vida cumplan efectivamente sus condenas va en la misma línea del proyecto que presentamos en la Cámara", agregó.

El Gobierno también evalúa sus propias respuestas al caso. El ministro de Justicia, Rabat, confirmó que el Ejecutivo estudia reducir la edad de responsabilidad penal, una medida que abre un debate propio sobre el tratamiento de menores infractores. La urgencia que pide Neira, en cambio, se enfoca en los adultos condenados: que no accedan a beneficios que les permitan salir antes de cumplir su sentencia.

"Le pedimos al Ejecutivo poner urgencia a este proyecto. Las víctimas merecen que el Estado actúe con firmeza y entregue una respuesta concreta", concluyó el diputado. El proyecto lleva semanas en la Cámara de Diputadas y Diputados sin fecha definida para su discusión en sala.