El Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió el mes pasado una resolución que obliga a los sitios de apuestas en línea a registrarse y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) digital. La medida abrió un debate: la Corte Suprema había declarado ilícita esta industria en septiembre de 2025, y los críticos del sector leen la decisión como una legitimación encubierta.
Carlos Baeza, presidente de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), lo ve distinto. "Es una buena noticia", dice el abogado, que representa a plataformas como Coolbet, Latamwin, Juego en Línea y Betsson. Para el gremio, la resolución no genera conflicto, sino oportunidad.
Baeza identifica cuatro señales que lee como un cambio de orientación del gobierno. El 7 de mayo, el Ejecutivo puso urgencia al proyecto de ley que regula la industria, hoy en segundo trámite en el Senado. El 15 de mayo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró que ese proyecto era prioritario y estimó una recaudación de US$300 millones, suma que serviría para compensar la caída de ingresos fiscales por la ley de reconstrucción. El 30 de mayo, Quiroz repitió el argumento. La cuarta señal fue la propia resolución del SII.
"En el caso de este gobierno, hemos visto señales importantes de que la mirada es distinta", afirma Baeza. En el gobierno anterior, dice, la intención era prohibir, no regular.
La contradicción aparece cuando se pregunta por los números. Baeza admite no saber de dónde extrajo Hacienda los US$300 millones. "No tengo idea", responde, pese a que APAL ha exhibido un informe que habla de ventas anuales de hasta US$3 mil millones para la industria. Ese dato también lo desestima ahora.
El proyecto de ley sigue en segundo trámite en el Senado. Para avanzar, Hacienda necesitará aclarar el origen de los US$300 millones que proyecta recaudar, cifra que el ministro Quiroz repitió en dos entrevistas en mayo y que el propio gremio que la reclama no puede respaldar.
