El detalle de los $ 30 mil millones en deudas “fantasmas” que acusa De Grange al MTT de la administración Boric La llamada “Inspección total del Estado” descubrió servicios prestados por empresas al Estado sin ningún tipo de contratos ni trámites administrativos. La cartera analiza acciones legales.
Noticias destacadas En el contexto de la llamada “Inspección total del Estado”, la actual administración del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) descubrió más de $ 30 mil millones en deudas “fantasmas”, es decir, que no cuentan ni con contratos ni con los trámites administrativos pertinentes. La cartera liderada por Louis de Grange -quien ahora también es la máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas- reveló que estas irregularidades corresponden a compromisos de años anteriores que no fueron pagados de forma oportuna, algunos de ellos desde hace cuatro años, y que por ello impactan en el presupuesto de 2026.
De hecho, la suma en cuestión representa un quinto de los recursos disponibles para el MTT este año y, según comentaron conocedores dentro de la repartición pública, dan cuenta del desorden existente en este ministerio durante la administración anterior. “Estamos ante una situación no solo grave, sino que completamente irregular porque son servicios al Estado que no se pagaron y no estaban regularizados, es decir, no existía ningún tipo de contrato, decreto ni trámites administrativos necesarios”, señaló Louis de Grange, quien detalló que por su magnitud y trascendencia “podrían acarrear responsabilidades administrativas o demandas civiles”.
El secretario de Estado acusó que “el gobierno anterior no transparentó estas deudas en el proceso de traspaso al actual equipo ministerial y comprometió recursos sin ningún respaldo para que se hiciera cargo el gobierno del Presidente José Antonio Kast”. El ministro dijo que como estos servicios no tenían respaldo, no fueron presupuestados por lo que no se pudieron computar como deuda flotante, que es algo que administrativamente se puede pasar de un año a otro.
“Todo esto deja de manifiesto que en la administración anterior no existió el debido resguardo por los recursos públicos. Cuando un servicio, en este caso el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, compromete recursos públicos, tiene que hacerse en base a un contrato, convenio u otro acto en que la autoridad apruebe esta interacción entre el privado y el Estado.