La licitación del stock de afiliados de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) fue la medida que más resistencia generó en la industria previsional durante el debate de la reforma. Ahora el Ejecutivo evalúa si los plazos fijados por ley son viables o si el diseño requiere ajustes, en un análisis todavía preliminar que no ha pasado por el filtro político de La Moneda. No hay decisión tomada.

Cualquier modificación, además, requeriría el visto bueno del Congreso, lo que agrega una capa de complejidad política a una discusión que ya es sensible.

Hoy existe una licitación de nuevos afiliados: la AFP que ofrece la menor comisión se adjudica a los cotizantes que ingresan al sistema. La reforma elimina ese mecanismo. En su lugar, cada dos años se licitarán grupos de afiliados que ya estén dentro de las administradoras, seleccionados de forma aleatoria. Esos grupos equivalen al 10% de los afiliados no pensionados del sistema, y la AFP que oferte el cobro más bajo se los lleva. El objetivo es reducir comisiones y aumentar la competencia en una industria históricamente concentrada.

La Asociación de AFP advierte que los plazos son demasiado ajustados. La ley fijó la transición a fondos generacionales para abril de 2027, el primer llamado a licitación para agosto de ese mismo año, la adjudicación en diciembre y el traspaso efectivo de afiliados en junio de 2028. El problema es que ambos procesos ocurrirán de forma simultánea.

La transición a fondos generacionales es el mayor cambio en la política de inversión de los fondos de pensiones en más de dos décadas. Supone abandonar los actuales multifondos y reorganizar las carteras por edad. Procesar al mismo tiempo el traspaso de más de un millón de afiliados podría afectar la rentabilidad de los nuevos fondos y complicar las inversiones en activos alternativos, según advierte la industria.

Guillermo Larraín, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, también tiene reparos sobre el diseño vigente. A su juicio, el tamaño de la licitación es demasiado grande y demasiado frecuente para un normal desenvolvimiento del sistema previsional. Larraín preferiría licitaciones más pequeñas, con mayor margen de tiempo entre una y otra.