El presidente José Antonio Kast agradeció esta semana el respaldo de Uruguay para que Valparaíso aloje la Secretaría del Acuerdo BBNJ (Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales), conocido como Tratado de Alta Mar. El apoyo, que según Kast comenzó en 2024, fue reiterado durante una declaración conjunta con el mandatario uruguayo Yamandú Orsi.
La candidatura chilena busca convertir a Valparaíso en sede permanente del organismo que administrará el Tratado de Alta Mar, acuerdo multilateral orientado a regular la conservación de los océanos fuera de las aguas territoriales de los Estados.
El escenario se complicó con el ingreso de China a la competencia. Lo que era una disputa relativamente equilibrada entre Valparaíso y Bruselas se convirtió en una carrera con un competidor de peso diferente. Pekín cuenta con la capacidad política y económica para movilizar apoyos en múltiples regiones, algo difícil de igualar para una candidatura como la chilena.
La estrategia de Santiago descansa en otros activos: su tradición en el derecho internacional del mar, su vocación marítima como país del Pacífico y su historial en negociaciones ambientales multilaterales. Según los analistas, el bloque latinoamericano constituye el apoyo más sólido para Valparaíso. La variable decisiva será lo que logre la Cancillería entre los países del Asia-Pacífico, donde la influencia de Pekín es considerable.
Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, valoró las condiciones de Chile para postular a la sede, aunque subrayó que el proceso exige avanzar paso a paso. La definición final se tomará entre los Estados parte del acuerdo mediante negociaciones que, por su naturaleza diplomática, se mantienen bajo estricta reserva.
