La Cámara Federal de Casación Penal resolverá una disputa clave que puede cambiar otra vez de manos la investigación sobre la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. El expediente llega a esta definición en medio de un nuevo reemplazo de juez en uno de los juzgados que podría volver a intervenir y está vacante.
Desde el 18 de marzo, cuando la Sala I de Casación reabrió la discusión por la competencia entre el juez federal de Campana Adrián González Charvay y el penal económico Marcelo Aguisnky, hubo modificaciones en la subrogancia del juzgado de CABA que tenía la causa: terminó la suplencia de este último magistrado y asumió por un año la jueza Verónica Straccia. PUBLICIDAD De este juzgado partió el expediente hacia el fuero federal de Campana en plena feria judicial durante enero pasado, por decisión del juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín.
Y fue el origen de un conflicto pendiente de resolución desde ese entonces. La decisión fue apelada por el fiscal ante la Cámara de San Martín, Carlos Cearras y llegó en queja al máximo tribunal penal federal del país.
Para entonces el caso ya estaba en Campana, en donde el juez González Charvay acaba de ordenar una batería de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa, una flota de autos de colección, caballos y se construyó un helipuerto. Está escriturada a nombre de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, sospechados de ser testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio Tapia y cuyo tesorero es Pablo Toviggino.
PUBLICIDAD Cuando el caso estuvo a cargo de Aguinsky se comprobó que Pantano usaba una tarjeta de crédito corporativa de AFA, donde se cargaban los telepases de los vehículos de lujo guardados en un galpón de la casaquinta y otros consumos que están en la mira judicial. Por su parte, el primer juez del caso.