Las legisladoras criticaron que el beneficio ha costado miles de millones de pesos al Estado «que podrían haber sido utilizados de mejor manera, como por ejemplo avanzar en soluciones habitacionales. (…) Muchos de los beneficiarios más bien se aprovecharon del pánico para cometer ilícitos y enfrentarse a nuestras policías con total impunidad».

Un llamado al Presidente José Antonio Kast a revocar todas las pensiones de gracia otorgadas durante la administración anterior a personas vinculadas a hechos delictuales durante el periodo denominado «estallido social» (2019-2021), realizaron este miércoles las diputadas de la Bancada Republicana, Javiera Rodríguez, Macarena Santelices y Valentina Becerra. Lo anterior, luego de conocer el caso Benjamín Huerta (29), quien estaba prófugo de la justicia y fue detenido en un operativo antidrogas que terminó con la incautación de 50 ampollas de fentanilo, marihuana y dinero en efectivo por parte del OS7 de Limarí, en la comuna de Ovalle.

De acuerdo a los antecedentes, el imputado había sido beneficiario de una pensión de gracia y que, según informó la autoridad, fue cesada en enero de este año. Ante esto, la diputada Javiera Rodríguez recordó que un número no menor de beneficiados «cuenta con antecedentes penales, otros son prófugos de la justicia por estafa, narcotraficantes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y robo con violencia, entre otros».

«Lo que se vivió entre octubre de 2019 y marzo de 2020, fueron verdaderos actos de vandalismo, que nada tenían que ver con las legítimas demandas que tenía la ciudadanía en ese momento. Por eso le pedimos al Presidente Kast que revoque todas aquellas pensiones de gracia del estallido delictual, donde muchos de los beneficiarios más bien se aprovecharon del pánico para cometer ilícitos, cometer actos vandálicos y enfrentarse a nuestras policías con total impunidad», agregó la legisladora.

Por su parte, la parlamentaria Macarena Santelices recordó que a la fecha, el desembolso de estas pensiones de gracia «le han significado al Estado miles de millones de pesos, gracias a un gobierno que fue sumamente permisivo con la entrega de este beneficio a personas que son derechamente delincuentes y cuyo único fin fue destruir el país». «Estamos hablando de recursos millonarios, que podrían haber sido utilizados de mejor manera, como por ejemplo avanzar en soluciones habitacionales, especialmente a víctimas de desastres naturales como en el Maule o de los incendios en Viña del Mar, Quilpué y en la Región de Biobío», subrayó la diputada.