El rechazo de la acusación constitucional contra Nicolás Grau dejó más que un resultado político. Para Rodrigo Echecopar, su exjefe de gabinete y militante del Frente Amplio (FA), fue la oportunidad para una autocrítica que pocas veces se escucha desde el oficialismo: su propio sector contribuyó a desgastar esta herramienta.
Ingeniero comercial de la Universidad Católica y exlíder de Revolución Democrática, partido fundador del FA, Echecopar acompañó a Grau durante todo el proceso. Cuando el Congreso rechazó el libelo, con la votación más baja en una acusación constitucional desde 1990, sacó sus propias conclusiones.
"La acusación partió con alto ruido político, pero terminó absolutamente descartada por su mérito jurídico", señaló. Para él, ese resultado fue una validación de las instituciones fiscales y una señal clara: los problemas económicos no se resuelven buscando responsables en el Congreso, sino construyendo acuerdos.
La referencia histórica que eligió no es casual. A comienzos del gobierno del expresidente Gabriel Boric, el entonces oficialismo impulsó una acusación constitucional contra Andrés Allamand, excanciller de Sebastián Piñera. El propio FA la frenó. Esa es, según Echecopar, la comparación más honesta con lo ocurrido con Grau.
Hoy, bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast, algunos sectores impulsan una contraofensiva: acusar constitucionalmente a la exministra Steinert. Echecopar toma distancia. "La acusación debe volver a ser una herramienta de última ratio para los casos extremos", planteó. La mejor autocrítica, dice, no es reconocer el error de palabra sino actuar.
El proyecto de ley presentado por los senadores Ibáñez, Cruz-Coke y Balladares, que busca reformar el sistema de acusaciones y elevar sus estándares, recibe su respaldo explícito. Para Echecopar, esa iniciativa es el paso concreto que la institucionalidad necesita para recuperar el uso responsable de la herramienta.
