Con el desempleo rozando el 9,4% durante el trimestre marzo-mayo, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el mercado laboral chileno sigue siendo difícil para miles de familias. Para quienes quedaron sin trabajo, el Estado mantiene dos mecanismos de apoyo económico con requisitos distintos.
El Seguro de Cesantía, administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), es el primer recurso disponible. Se financia con el dinero que la persona acumuló en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC) mientras estuvo empleada. Para acceder, hay que acreditar la cesantía con un finiquito, una carta de despido, una carta de renuncia o un acta de comparecencia ante la Dirección del Trabajo. Los contratos indefinidos exigen al menos 10 cotizaciones mensuales; los contratos a plazo fijo o por obra, al menos cinco. El conteo parte desde la afiliación al seguro o desde el último cobro del beneficio.
Cuando los fondos de la CIC se agotan o no alcanzan para cubrir el pago mínimo establecido, entra el Fondo de Cesantía Solidario (FCS). A diferencia del seguro individual, este se financia con aportes del Estado y los empleadores, lo que permite recibir hasta cinco meses de pagos decrecientes, con posibilidad de extensión en situaciones especiales. Para solicitarlo, la persona debe estar cesante al momento del trámite y tener al menos 10 cotizaciones al FCS en los 24 meses previos al despido, siendo las tres últimas continuas con el mismo empleador.
Ambos mecanismos se tramitan ante la AFC, de forma presencial o por internet. El dato de desocupación del INE correspondiente al trimestre marzo-mayo se ubica en 9,4%, la cifra más reciente disponible al momento de publicar esta nota.
