Contrataron extranjeros no habilitados para trabajar: Todas las irregularidades del INE que detectó Contraloría en Censo 2024 La Contraloría General de la República detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cometió una serie de irregularidades en el Censo de Población y Vivienda 2024, relacionados a la contratación de censistas y gastos injustificados. De acuerdo al ente regulador, se contrataron 16 personas con antecedentes penales por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
En concreto, seis de estas personas presentaron certificados de antecedentes donde se indicaban las condenas, pero la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Registro Civil. En los otros diez casos, el organismo no acreditó que haya requerido tales certificados al realizar las contrataciones.
La Contraloría detalló que el INE también contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en nuestro país. Cinco de ellos son exresidentes definitivos o temporales/transitorio, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos; incluso uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa del país.
El listado de irregularidades del INE en Censo 2024 La institución no acreditó que más de 130 personas contratadas contaran efectivamente con los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo. Debido a esto, no se aplicaron las multas a favor del fisco por $131.972.500 a las empresas contratadas para el reclutamiento y selección de trabajadores.
Miembro del Tren de Aragua reveló lo que se habló del secuestro de Ronald Ojeda en un asado Dentro de los hallazgos también figura que una exasesora contratada por el INE participó como experta en la comisión evaluadora de la licitación adjudicada, pese a que era representante legal de una de las empresas intervinientes. El INE no pudo acreditar que 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas -por las cuales recibieron un pago de más de 166 millones de pesos-, lo que implica una falta de supervisión y control.