El intento de robo no fue improvisado: esa fue la conclusión central de la Corte de Apelaciones de Antofagasta al ordenar mantener en prisión preventiva a tres imputados por el asalto frustrado a una empresa de transporte de valores en esa ciudad del norte del país.
La decisión revierte lo resuelto por el Juzgado de Garantía, que había sustituido la prisión preventiva por el pago de una caución y otras medidas cautelares menos restrictivas. Tanto el Ministerio Público como la parte querellante recurrieron ante el tribunal de alzada, argumentando que esas condiciones resultaban insuficientes para garantizar la seguridad pública.
Al revisar los antecedentes, los magistrados concluyeron que existen presunciones fundadas de participación de los tres investigados en los hechos. El tribunal subrayó que detrás del ilícito habría existido un alto nivel de coordinación, preparación y planificación, lo que descarta la tesis de una acción espontánea.
Ese factor incidió directamente en la evaluación del riesgo. La Corte también descartó que las eventuales dificultades económicas de los imputados puedan servir de argumento para reducir las medidas cautelares. Según el fallo, aceptar ese razonamiento equivaldría a tolerar delitos graves como una forma de subsistencia, lo que agrava el peligro social que representa el caso.
Con esos fundamentos, el tribunal revocó la resolución de primera instancia, rechazó la solicitud de la defensa y mantuvo la prisión preventiva para los tres imputados, considerando tanto el riesgo de fuga como la amenaza a la seguridad de la sociedad mientras la investigación avanza.
