La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, confirmó que una mujer de 41 años permanece en prisión preventiva tras ser formalizada. El fiscal Fernando Márquez le imputó los delitos de violación reiterada y favorecimiento de explotación sexual infantil.
Los hechos investigados ocurrieron durante 2025 y 2026, cuando la mujer tenía a su cargo el cuidado de su hija de 11 años. De acuerdo con antecedentes consignados por medios locales, el fiscal atribuyó a la imputada haber permitido que su conviviente agrediera sexualmente a la menor de forma reiterada.
El caso fue detectado gracias a la activación de protocolos en el establecimiento educacional de la menor. Según reportes de la prensa regional, la niña reveló a una profesora durante una clase de educación sexual que mantenía una relación de pareja con su padrastro, relatando hechos de contenido sexual. La menor reiteró estos relatos ante otro profesional del colegio.
La Brisex de la PDI y el Ministerio Público iniciaron de inmediato las diligencias investigativas. El Tribunal de Familia de San Antonio decretó la prohibición de acercamiento de la madre hacia la menor como medida de protección, mientras Loyola comprometió la coordinación de redes de apoyo para la reparación integral de la niña.
Aún pendiente la detención del conviviente de la imputada, presunto autor directo de los abusos. Según las autoridades, el hombre se encontraría en el norte del país y mantiene al menos tres causas vigentes por delitos de características similares.
Este caso ocurre en el contexto de un proyecto de ley presentado recientemente por la diputada Chiara Barchiesi, que propone fortalecer las herramientas para investigar delitos sexuales. La iniciativa busca que el Ministerio Público persiga directamente los delitos de producción y difusión de material de explotación sexual infantil, y permite la declaración anticipada de víctimas que sufrieron abusos en la infancia, incluyendo apoyo de un familiar o tutor durante entrevistas.