La resolución emitida este jueves y mediante la cual Carabineros dio de baja inmediata a seis funcionarios detenidos en Talca no solo identifica a los involucrados, sino que también detalla las faltas disciplinarias que, a juicio de la institución, hicieron incompatible su permanencia en las filas policiales. En el documento, al que tuvo acceso BÃo BÃo, se detalla que la medida afecta al suboficial mayor Cristian Antonio Miranda Retamal, con más de 33 años de servicio; al teniente VÃctor Sebastián Oñate Pinto; al sargento segundo Rodrigo Esteban Arriagada Sánchez; y a los cabos primeros Jorge Enrique Bascuñán Meneses, Sergio Andrés Alarcón RodrÃguez y Leonardo Andrés Sáez Quiñones.
Los funcionarios pertenecÃan a distintas unidades de Talca y Talca Oriente, en la región del Maule. Todos fueron detenidos en el marco de una investigación dirigida por la FiscalÃa Local de Talca por los delitos de robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público.
Según la resolución, las diligencias fueron desarrolladas durante seis meses por personal de Asuntos Internos de Carabineros. Las faltas que Carabineros les atribuye Aunque la responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia, la institución estimó que existÃan antecedentes suficientes para aplicar la sanción de baja por conducta mala con efectos inmediatos.
Entre los fundamentos, Carabineros sostiene que los funcionarios incumplieron sus deberes policiales y contribuyeron a la comisión de hechos delictivos, una circunstancia considerada agravante dentro de la normativa disciplinaria. La resolución también les atribuye haber omitido informar conductas presuntamente ilÃcitas de las que habrÃan tomado conocimiento en razón de sus funciones, pese a existir obligaciones legales y reglamentarias que exigen denunciar este tipo de hechos.
“Atentatoria al decoro policial” El documento agrega que las conductas investigadas constituyen una falta “atentatoria al decoro o dignidad policial” y que provocan un descrédito para la institución y un menoscabo para el servicio. Asimismo, señala que el caso afecta la confianza pública en Carabineros y vulnera los principios de probidad administrativa que deben regir el actuar de los funcionarios policiales.