El Estado pagó más de $ 1.000 millones en 2025 en la compra de servicios de clipping Cuatro empresas son los mayores proveedores, al mundo público y privado, de contenidos periodísticos que no generan y que han ocasionado el reclamo de los medios de prensa. Numerosos contratos firmados por entes estatales no incluyen protecciones al derecho de propiedad intelectual.
Minería frenó una licitación, pero otras siguen en curso. El ministerio de Minería detuvo esta semana una licitación que había convocado hace dos semanas para contratar un servicio de monitoreo de prensa, denominado clipping.
La suspensión obedeció a un reclamo de la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, que acusa que los prestadores de ese servicio no pagan ni tienen los derechos para reproducir los artículos periodísticos que producen los medios de comunicación. La decisión de Minería es inédita: la cartera decidió revisar la legalidad de servicios que son ampliamente contratados por diversas reparticiones públicas.
Hoy existen varias licitaciones en curso. Dos ejemplos: la Armada pretende adjudicar el 13 de mayo un contrato de clipping por 12 meses y la Tesorería General de la República pretende hacer lo mismo el 2 de junio.
La ANP ha desplegado una gran ofensiva por el tema. Su secretario general, Sebastián Zárate, dice que han tratado de crear conciencia sobre el tema, en el ámbito privado y público.