Bancada RN presenta proyecto antisecuestro para endurecer penas y anticipar persecución penal La iniciativa busca responder al alza del delito y su vínculo con el crimen organizado, incorporando nuevas agravantes y reduciendo plazos para sanciones más severas. En medio del aumento sostenido de los secuestros en el país, la bancada de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la persecución penal de este delito, incorporando cambios al Código Penal y nuevas herramientas para enfrentar su expansión.
La moción fue impulsada por los diputados Diego Schalper, Mauro González, Francisco Orrego, Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Andrés Celis, y se enmarca en la agenda de seguridad que el sector ha promovido en el Congreso. Según los antecedentes incluidos en la iniciativa, durante 2024 se registraron 868 casos de secuestro, la cifra más alta en una década, lo que —advierten— refleja una transformación del fenómeno delictual, hoy estrechamente vinculado al crimen organizado.
“El secuestro constituye una de las formas más graves de afectación de la libertad individual” y actualmente se asocia a dinámicas como la extorsión, el control territorial, el cobro de deudas ilícitas y el narcotráfico, sostiene el proyecto. Cambios al Código Penal y nuevas agravantes Entre las principales medidas, la iniciativa propone reducir de 15 a 5 días el plazo necesario para configurar una hipótesis agravada de secuestro por prolongación del cautiverio.
El objetivo, explican, es evitar que los delincuentes extiendan la retención de las víctimas para negociar, como ha ocurrido en casos recientes. Actualmente, la legislación exige 15 días para aplicar sanciones más severas.
Asimismo, el proyecto establece que el delito de secuestro será sancionado como consumado desde su etapa de tentativa, con el fin de anticipar la acción del Estado frente a conductas de alta peligrosidad. En esa línea, también se incorpora una agravante especial cuando la víctima sea parte del sistema de persecución penal —como jueces, fiscales o policías—, si el delito se comete en razón de sus funciones.