Un bloque transversal de parlamentarios que incluye a la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de reforma constitucional para endurecer los requisitos de las acusaciones constitucionales en Chile. El objetivo primordial es devolverle su carácter de "herramienta de última instancia" y evitar la banalización de este mecanismo fiscalizador que posee el Congreso.
La propuesta surge como respuesta al incremento exponencial de estos procesos durante las administraciones de los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Según los impulsores, el sistema actual permite que grupos minoritarios interrumpan la agenda legislativa con costos políticos mínimos.
La reforma busca asegurar que las causales de infracción a la ley sean "evidentes y comprobables" para evitar procesos infructuosos. (FOTO: ATON) Nuevas exigencias: subir de 10 a 20 las firmas requeridas La reforma plantea tres cambios operacionales críticos: duplicar el patrocinio inicial de 10 a 20 diputados, exigir una interpelación previa obligatoria para ministros de Estado y requerir que la admisibilidad sea aprobada por la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.
"La acusación constitucional se ha transformado en una herramienta que secuestra el debate político por parte de grupos menores. Bastan hoy 10 firmas, (por lo que) tiene muy bajo costo político y permite una irresponsabilidad política enorme, dado que no se paga costo ciudadano ninguno", advirtió el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.
Según advirtió el legislador, esta problemática "no distingue sector político; se da tanto en sectores de derecha como en sectores de izquierda". Parlamentarios denuncian que la herramienta ha sido utilizada como una "acción vengativa" que degrada el debate político.