Gobierno dará urgencia a proyectos para endurecer penas por ataques a Carabineros y ampliar legítima defensa de funcionarios de franco El anuncio del ministro de Seguridad, Martín Arrau, surge tras la ofensiva de RN para impulsar una agenda “Naín-Retamal 2.0” y en medio de la controversia generada por una iniciativa del PC que busca modificar aspectos centrales de la actual legislación. El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció este sábado que otorgará urgencia legislativa a dos proyectos destinados a fortalecer la protección de las policías, acogiendo parte de las propuestas impulsadas por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) bajo la denominada agenda “Naín-Retamal 2.0”.
La medida fue confirmada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien aseguró que el Ejecutivo mantendrá una línea de respaldo a Carabineros y a las fuerzas policiales en medio del debate abierto por una moción parlamentaria presentada por diputados del Partido Comunista (PC) para derogar algunos aspectos de la Ley Naín-Retamal. “Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”, afirmó el secretario de Estado.
En esa línea, anunció que “atendiendo la solicitud de la bancada de RN, este lunes ingresaremos urgencia a dos proyectos clave: aumentar penas por atentados contra Carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios en calidad de franco. No retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan”.
Los proyectos que priorizará el Ejecutivo Las iniciativas que recibirán urgencia forman parte de una batería de propuestas elaboradas por la colectividad oficialista para reforzar las herramientas legales de las policías frente al aumento de la violencia y el avance del crimen organizado. Uno de los proyectos apunta a endurecer las sanciones penales para quienes agredan, amenacen o atenten contra funcionarios policiales, reforzando la protección jurídica de Carabineros y la PDI.
La segunda iniciativa busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios que se encuentren de franco, es decir, fuera de servicio, cuando intervengan para enfrentar delitos flagrantes o proteger a terceros. La propuesta pretende otorgar respaldo legal a policías que, aun estando fuera de sus funciones habituales, decidan actuar ante situaciones de emergencia o hechos delictivos.