Informe de la oposición advierte que la deuda pública superaría el 49% del PIB por efecto de la ley miscelánea Dos economistas exDipres actualizaron el efecto del proyecto de reconstrucción, sumándole el deterioro de las finanzas públicas anticipado en el IFP. Noticias destacadas El proyecto de ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional del gobierno entra a una semana clave.
Y los insumos para el debate se empezarán a sumar desde este lunes con las audiencias en la comisión de Hacienda del Senado, partiendo con la altamente esperada exposición de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides. La oposición también hará su aporte, acorde con el foco puesto tanto en el primer trámite en la Cámara de Diputados como ahora en el Senado, sobre los efectos fiscales que generan las fuertes rebajas de impuestos contempladas en la iniciativa, cuya compensación vía un mayor crecimiento de la economía logrará equilibrar la cuenta hacia un saldo positivo recién en 2035.
De hecho, un documento elaborado por dos execonomistas de la Dirección de Presupuestos (Dipres) durante la administración Boric advierte que, al sumar a la programación financiera del proyecto el deterioro mostrado en el reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP) para los próximos cinco años, la deuda bruta del gobierno podría ya no solo superar el límite prudente -hoy de 45% del PIB- sino encaminarse a rebasar el 49%. El reporte elaborado por el exjefe del Subdepartamento de Ingresos Públicos de la Dipres e investigador del Observatorio de Políticas Económicas (OPES), Nicolás Bohme, y por el exjefe de Estudios de la Dipres e investigador de Rumbo Colectivo, Pablo Jorquera, proyecta que la deuda pública alcanzará un máximo de 49,2% del PIB en 2030, como consecuencia del efecto de la menor recaudación por un efecto más acotado en crecimiento de las rebajas impositivas, cifra que contrasta con la trayectoria trazada por Hacienda en el IFP,que apunta a un tope de 46,5% del Producto a inicios de la próxima década.
El texto de trabajo, también suscrito por la Red de Centros Progresistas, calcula que la trayectoria incluida en el IFP para el balance estructural redundaría en un déficit más robusto al esperado, llegando a un 2,7% del PIB en 2030, versus el 1,8% que desliza el Ejecutivo. “El informe financiero (del proyecto) no considera mecanismos para atenuar los riesgos derivados de un proyecto que irroga costos fiscales directos y ciertos, e ingresos fiscales indirectos y sujetos a mayores niveles de incertidumbre”, parten señalando.
Dicho reporte, agregan, tampoco incorpora los efectos de equilibrio general que se desprenden del mayor déficit y deuda pública que, con todo lo demás constante, genera la iniciativa, redundando en menor crecimiento e ingresos fiscales. Los investigadores también ponen la lupa sobre lo que consideran “omisiones o debilidades metodológicas” en los efectos directos asociados a las medidas tributarias y con impacto en el gasto.