Un sobre amarillo, una reserva de hotel, un billete de avión de regreso. Eso era todo lo que necesitaban. Desde 2017, los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) destacados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez comenzaron a notar un patrón sistemático entre los viajeros haitianos que desembarcaban en Santiago: casi todos llevaban el mismo tipo de sobre, con los mismos documentos, para presentar ante los controles migratorios.

Ese esquema volvió a la superficie esta semana con la publicación del informe final número 541 de la Contraloría General de la República, que auditó el funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones y encontró una acumulación de irregularidades.

El documento no solo cuestionó a Luis Thayer, el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, a quien identificó como responsable de haber firmado un oficio que flexibilizó el ingreso de menores haitianos bajo el programa de reunificación familiar, actuando al margen de la legalidad. También rescató del archivo investigaciones que el Ministerio Público y la PDI venían realizando desde 2017 y 2018 en torno al ingreso de ciudadanos haitianos que declaraban venir como turistas.

Las cifras que la PDI entregó a solicitud de Contraloría dibujan la dimensión del fenómeno. Entre 2020 y 2025, 21.269 personas provenientes de Haití ingresaron a Chile con permiso de residencia temporal. El peak más intenso se concentró entre mayo de 2024 y abril de 2025, con 8.693 arribos por vía aérea.

Pero hay otro número que preocupa a los investigadores: 19 personas que llegaron desde Puerto Príncipe con visa de turista y que, hasta la fecha del informe, no registran salida por ningún paso fronterizo habilitado. La Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez, concluyó que esos extranjeros permanecerán en Chile en condición migratoria irregular, y advirtió que ese número podría ampliarse dado el desorden administrativo detectado entre las instituciones a cargo de estas materias.

El funcionamiento del esquema era, según la investigación policial, relativamente simple. Los viajeros llegaban portando un sobre con documentos de apariencia oficial, entre ellos certificados de estudios con timbres de dudosa procedencia. La lógica era presentarse como turistas, por lo que solo debían acreditar pasaporte y estadía. Que trajeran papeles adicionales revelaba un segundo propósito.

El informe fue publicado el miércoles pasado. La investigación del Ministerio Público y la PDI sobre el caso continúa activa.