La Contraloría General de la República concluyó que Trinidad Steinert, exministra de Seguridad Pública, solicitó información a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso, actuando fuera de sus atribuciones legales e incumpliendo el deber de abstención. El Gobierno respondió a través del vicepresidente y ministro del Interior subrogante, Claudio Alvarado, quien calificó el episodio como un error que cualquier ministro puede cometer y dijo que el Ejecutivo lo tomaría como aprendizaje.
Raúl Leiva, diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), rechazó esa lectura. Leiva fue uno de los parlamentarios que solicitó el pronunciamiento del ente contralor y, tras conocer el dictamen, sostuvo que la respuesta oficial subestima lo que la Contraloría estableció. "La respuesta del Ejecutivo no se hace cargo de la gravedad del problema, porque el ente contralor pone en juicio no solo lo que hizo una ministra de Estado, sino la ratificación de lo obrado y señalado por el propio presidente de la República", afirmó.
Para el parlamentario socialista, el caso toca un principio que el Congreso buscó proteger de forma explícita al debatir la ley que creó el Ministerio de Seguridad: que no haya contacto entre el poder político y las investigaciones penales. "Debe existir una especie de muralla china entre el poder político y la persecución criminal. Esa vinculación no puede existir", señaló. Leiva agregó que no es frecuente que la Contraloría establezca con tanta claridad que un ministro actuó fuera del marco legal, lo que le da al episodio una dimensión distinta a un traspié administrativo.
Respecto de los pasos que podría seguir la oposición, el diputado puso sobre la mesa dos opciones: una comisión investigadora para revisar las actuaciones del Ejecutivo y una eventual acusación constitucional contra la exministra. Sobre esta última alternativa, Leiva llamó a actuar con cautela y a medir el escenario político antes de avanzar.
