A diferencia de gobierno de Boric, La Moneda evita fijar criterio y verá caso a caso investigaciones judiciales La investigación contra el embajador Gabriel Zaliasnik reabrió el debate sobre los estándares aplicados a las autoridades bajo escrutinio judicial. En Palacio aseguran que no existe una regla como el "criterio Tohá" y que la evaluación corresponde exclusivamente al Presidente.
La apertura de una investigación contra el embajador de Chile en Israel, el abogado Gabriel Zaliasnik, se transformó en la primera prueba para el gobierno del Presidente José Antonio Kast respecto de cómo enfrentar causas judiciales que involucren a autoridades de su administración. A diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric -en el cual la exministra Carolina Tohá estableció ciertos límites-, en Palacio reconocen que no existe un criterio predeterminado para resolver la permanencia o salida de funcionarios que sean objeto de investigaciones del Ministerio Público.
La evaluación, sostienen, dependerá de cada caso y recaerá, en última instancia, en el Mandatario. La situación de Zaliasnik ha sido seguida de cerca por La Moneda desde la semana pasada, luego de que la Fiscalía de Valparaíso acogiera una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) tras conocerse intercambios de mensajes entre el diplomático y el abogado Luis Hermosilla, figura central del denominado caso Audio.
Actualmente, el embajador tiene la calidad de imputado en una investigación que recién comienza. Por lo mismo, en el Ejecutivo recalcan que la apertura de una causa no implica, por sí sola, modificar la decisión adoptada respecto de su permanencia en el cargo.
La postura ya había sido adelantada por el canciller Francisco Pérez, quien respaldó la continuidad de Zaliasnik. En Palacio añaden que, frente a una denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación de indagar los antecedentes, lo que no supone necesariamente la existencia de responsabilidades.