El Fiscal Nacional ordenó un operativo con canes detectores de droga al interior de la Fiscalía Nacional sin contar con una investigación penal en curso y sin ajustarse a los protocolos internos que regulan ese tipo de procedimientos. La medida generó malestar entre los trabajadores del organismo y el rechazo formal del gremio que los representa.
Freddy González, presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), expuso la postura del sindicato en el programa radial Expreso Bío-Bío. Fue claro en señalar que la objeción no apunta a los controles preventivos en sí mismos: el Ministerio Público lleva más de 22 años aplicando test de drogas aleatorios y sorpresivos a su personal, práctica que los funcionarios aceptan como parte de la probidad que exige el cargo.
El problema, para el gremio, es de atribuciones. Sin una causa penal abierta ni sospechas individualizadas contra algún funcionario, el ingreso de unidades caninas al recinto vulnera el marco normativo y los derechos laborales del personal, según ANFUMIP. "Nosotros nos sometemos, no hay ningún problema, pero que todo sea dentro del marco", afirmó González.
La crítica alcanza también a la falta de comunicación previa. Aun siendo la máxima autoridad del organismo, el Fiscal Nacional debe ceñirse al reglamento interno al implementar este tipo de operativos, insistió el dirigente. La pregunta que González dejó planteada sintetiza la postura del gremio: "No sé cuál era el fin de esto".
