Defensa de Joaquín Lavín León acusa que Fiscalía mostró conversaciones "editadas" a testigos clave del caso La defensa del exdiputado Joaquín Lavín León criticó la investigación que lo mantiene en prisión preventiva, asegurando que la Fiscalía habría exhibido conversaciones de WhatsApp "editadas" a testigos clave del caso, lo que habría influido en algunas de sus declaraciones. La acusación forma parte de la estrategia desplegada por el abogado Cristóbal Bonacic para intentar desacreditar parte de las pruebas utilizadas por el Ministerio Público en la causa que investiga presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado.
La acusación de la defensa Uno de los puntos centrales revelados por Reportajes T13 apunta al supuesto uso de personal financiado con recursos del Congreso para realizar labores electorales a favor de Joaquín Lavín León. La Fiscalía sostiene que funcionarios parlamentarios participaban en la recopilación de bases de datos y contactos políticos mediante una especie de "call center".
Sin embargo, Bonacic aseguró que la interpretación de la Fiscalía se basa en mensajes de WhatsApp que habrían sido presentados de manera incompleta a algunos testigos. "Este tema del call center nace a partir de la exhibición que le hace el Ministerio Público a estas testigos de un mensaje que forma parte de un chat común ya editado", afirmó el abogado.
El chat que habría sido "editado" por Fiscalía contra Joaquín Lavín León Según la defensa, la conversación corresponde a un grupo de WhatsApp denominado "Proyectos 2020", donde participaban cuatro personas. Bonacic sostiene que la Fiscalía habría mostrado únicamente fragmentos del intercambio, omitiendo parte del contexto general de la conversación.
"No contiene toda la información, sino partes, y eso obviamente induce a un error a las testigos", aseguró. La defensa del exdiputado afirma que el contenido completo demostraría que las llamadas que se realizaban estaban dirigidas a dirigentes del distrito del entonces diputado y no a actividades electorales prohibidas financiadas con recursos públicos.