El lunes 22 de junio, minutos antes del mediodía, el biministro del Interior y Segegob (Secretaría General de Gobierno), Claudio Alvarado (UDI), recibió en su despacho a un grupo de senadores con la esperanza de cerrar el acuerdo que había perseguido durante semanas. La reunión terminó abruptamente cuando Beatriz Sánchez, senadora del Frente Amplio (FA), se puso de pie y se retiró al ver la mesa servida. "Yo tenía entendido que venía a una reunión de trabajo para entregar nuestras propuestas y no a un almuerzo, así que me retiro", dijo la parlamentaria.

Ese momento marcó el desenlace de un proceso que se había extendido por al menos un mes. Alvarado mantuvo conversaciones privadas con figuras clave del bloque opositor: Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS); Pedro Araya, del Partido por la Democracia (PPD); Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana (DC), y Diego Ibáñez, del FA. El objetivo era sumar votos para la Ley de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, la reforma económica más ambiciosa del gobierno del presidente José Antonio Kast.

El corazón de la iniciativa es una rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23% sin compensaciones, junto a un paquete de cerca de 40 medidas que la oposición bautizó como "ley miscelánea". Con un mapeo claro de lo que quería la izquierda y de lo que era posible, Alvarado consensuó con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, modificaciones a al menos seis de esos puntos.

Uno de los cambios más importantes era la invariabilidad tributaria. En la propuesta original, los proyectos de inversión desde los 50 millones de dólares quedarían blindados ante cambios tributarios por 25 años. Quiroz había comprometido acotar ese plazo a 20 años y subir el monto mínimo para acceder al beneficio, ajustes que varios senadores habían pedido como condición básica.

Sin embargo, la reunión del lunes se desmarcó del guion. Vodanovic incluyó a último minuto a Sánchez e Ibáñez, legisladores del FA. Eso cambió el carácter de la cita: los frenteamplistas llegaron con una postura más confrontacional. La salida de Sánchez no solo tensionó el ambiente, sino que dejó en evidencia que el bloque opositor no tenía una posición unificada frente a la reforma.

Ante la falta de acuerdo, el gobierno impuso su mayoría en la votación de la idea de legislar. El resultado fue una victoria formal que, sin embargo, abre una pregunta política de fondo: sin respaldo opositor, qué tan sólida será la ley cuando llegue a la discusión en detalle. Según las mismas fuentes, las tratativas entre el gobierno y el Socialismo Democrático siguen abiertas.