En un contexto de restricción fiscal, la pregunta no es si el Estado debe gastar menos o más en salud mental, sino dónde cada peso aporta más a la cohesión social, a la permanencia escolar y a la seguridad. Acercar el Cosam a la APS y al sistema educativo es, justamente, una forma de usar mejor los recursos.
La combinación de suicidio juvenil, consumo problemático de alcohol y drogas, violencia en los barrios y creciente conflictividad en entornos escolares está tensionando al máximo a la red pública de salud y a la capacidad del Estado para responder de manera preventiva. En este escenario, limitarse a la Atención Primaria es insuficiente.
Se requiere fortalecer de manera explÃcita el rol de los Centros Comunitarios de Salud Mental, Cosam, como nivel secundario especializado, capaz de intervenir tempranamente en trayectorias de riesgo, trabajar con familias y comunidades educativas y articularse con los dispositivos de seguridad municipal, convivencia escolar y prevención del delito. Reforzar el Cosam no es solo una decisión sanitaria, es una pieza clave para que la agenda de seguridad pública del gobierno sea consistente con su compromiso de proteger efectivamente a niños, niñas y jóvenes.
La salud mental juvenil ya no puede seguir tratándose como un asunto marginal ni como una agenda separada de la seguridad. En Chile, las señales de alarma persisten en suicidio adolescente, autolesiones, consumo de sustancias y deterioro del bienestar emocional de estudiantes.
Estos fenómenos no son paralelos a la crisis de seguridad ni a la violencia escolar. Cuando el sufrimiento psÃquico no se aborda a tiempo, suele expresarse en deserción escolar, conflictos familiares, aislamiento, desregulación conductual, pertenencia a grupos de alto riesgo y mayor exposición a trayectorias delictuales que luego terminan en la estadÃstica policial o en la judicialización temprana.