Por Leopoldo Lavín Mujica La polémica volvió al centro del debate esta semana con el proyecto del paquete neoliberal denominado «Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social», enviado por José Antonio Kast al Congreso y duramente cuestionado por su carácter regresivo, su ambición refundacional y su explícita voluntad de desmontar derechos sociales y culturales bajo la retórica de la eficiencia. Entre sus múltiples disposiciones, una encendió especialmente las alarmas en el mundo cultural, editorial y académico: la incorporación de una excepción a los derechos de autor que permite a sistemas de Inteligencia Artificial reproducir, adaptar y utilizar obras protegidas sin autorización ni remuneración a sus creadores.

Pero el verdadero escándalo no reside sólo en la radicalidad de la propuesta de Kast, sino en que ese artículo no es suyo: se trata de una reproducción casi textual de una norma que el propio gobierno de Gabriel Boric ya había impulsado en 2024 y que fue rechazada entonces por la Cámara de Diputados. Ignorancia crasa o impostura La intervención de Camila Vallejo en la llamada Cumbre Progresista de Barcelona sobre desinformación, plataformas digitales y la necesidad de defender la democracia frente al poder de los algoritmos, suena hoy menos como una propuesta política y más como una pieza de amnesia cuidadosamente administrada.

Porque mientras desde ese escenario internacional se denuncia el dominio de las grandes plataformas, la manipulación informativa y la concentración del poder tecnológico, en Chile el propio gobierno de Boric impulsó una norma que avanzaba exactamente en la dirección contraria al resguardo democrático que ahora se invoca con el paquete neoliberal de Kast. En su artículo 8, la megarreforma de Kast incorpora un nuevo artículo 71 T a la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, estableciendo una excepción a los derechos de autor para la extracción y análisis automatizado de datos, permitiendo la reproducción, adaptación, distribución y comunicación pública de obras protegidas sin autorización ni remuneración a sus titulares.

El texto establece que será “lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular”, utilizar una obra lícitamente publicada cuando ello se realice para la extracción, comparación, clasificación o análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen. En términos simples: permitir que grandes sistemas de inteligencia artificial —muchos de ellos controlados por corporaciones extranjeras— usen masivamente contenidos protegidos sin pagar, sin pedir permiso y sin reconocer derechos económicos a sus autores.

Es decir, mientras se pronuncian discursos sobre soberanía informativa, democracia digital y defensa de la cultura, se promovía una legislación que facilitaba precisamente la apropiación privada de bienes culturales por parte de las plataformas tecnológicas más concentradas del planeta. En los hechos: Progresistas y neoliberales Cuando Vallejo habla de combatir la desinformación y de enfrentar el poder de las plataformas, omite que gobernar también exige confrontar el modelo económico que sostiene ese poder.