El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) eligió la cautela. La cartera liderada por Iván Poduje postergó hasta el 10 de julio su respuesta a los cambios propuestos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), después de que la consulta pública cerrara con más de dos mil observaciones. El ministerio quiere revisar técnicamente cada comentario antes de tomar una definición sobre una propuesta que, en teoría, busca modernizar la normativa que regula cómo se construyen las ciudades del país.

La OGUC determina desde las alturas máximas de los edificios hasta los procedimientos para aprobar proyectos. El ministerio apunta a simplificarla y darle mayor certeza jurídica frente a interpretaciones que varían de una comuna a otra. Pero el intento llegó cargado de un símbolo muy pesado para la memoria urbana chilena: los "guetos verticales", las torres de departamentos pequeños y alta densidad que dejaron su marca en comunas como Estación Central durante la década pasada.

Alcaldes de distintas tendencias políticas levantaron la alarma. Advierten que algunos cambios podrían facilitar la construcción de edificios de gran altura sin los controles suficientes, replicando procesos de sobredensificación que la ciudadanía ya rechazó. El Minvu descartó esas lecturas: sostiene que la propuesta apunta a modernizar la normativa, no a incentivar proyectos problemáticos.

El debate también divide a los académicos. Julio Nazar, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, pone paños fríos. "La modificación de la ordenanza no significa automáticamente que volverían a aparecer esos guetos verticales", afirmó, pero reconoció riesgos reales si las modificaciones no van acompañadas de mecanismos complementarios de planificación en comunas donde las presiones inmobiliarias son mayores.

Una visión más crítica aporta Rodrigo Martín, académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santiago. Martín identificó un cambio técnico concreto: la propuesta actualizaría a dos los habitantes por hogar considerados en los cálculos urbanísticos, lo que, según explicó, podría duplicar la cantidad de viviendas permitidas en ciertos proyectos. El efecto directo sería una mayor demanda sobre redes de agua potable y alcantarillado que ya operan al límite en varios sectores.

La respuesta formal del Minvu llegará el 10 de julio, fecha que definirá si la reforma avanza tal como fue propuesta o si incorpora los cuestionamientos de municipios, universidades y ciudadanos que participaron en la consulta pública.