Los legisladores también anunciaron que impulsarán una Comisión Especial Investigadora para “revisar todos los actos y el financiamiento en universidades donde se cometen actos de violencia” y criticaron el comunicado de las juventudes del PC tras la agresión a la ministra Lincolao en Valdivia. La Bancada de Diputados del Partido Republicano solicitó este viernes al Ejecutivo, acelerar la tramitación del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, y también que se amplíe las sanciones para que cualquier agresión en un recinto educacional tenga consecuencias reales.
Lo anterior, ante la seguidilla de hechos delictuales que están ocurriendo en diferentes partes del país, y en particular, por el grave ataque de una turba de supuestos estudiantes, en contra de la ministra de Ciencias Ximena Lincolao, tras asistir a la inauguración del Año Académico de la Universidad Austral de Chile, el miércoles pasado, en Valdivia. En este sentido, el jefe de la Bancada Republicana Benjamín Moreno, expresó que “la violencia en establecimientos educacionales no es algo nuevo, es algo que se viene repitiendo desde hace años».
«Por eso hoy día vamos a pedir algunos puntos al gobierno. El primero de ellos es poner discusión inmediata al proyecto de ley de ‘Escuelas Protegidas’.
Creemos que más allá de las legítimas discusiones y tiempos que se le tengan que dar a esta materia, es una urgencia, y no pueden existir grupos políticos, específicamente el Partido Comunista, que excusándose en un legítimo derecho de la discusión, traten de dilatar esto exclusivamente con motivos políticos. Punto aparte es la vergonzosa declaración de juventudes de ese partido, donde justifican la violencia contra personas por pensar distinto», criticó el legislador por la Región del Maule.
Moreno, también anunció que la Bancada impulsará una Comisión Especial Investigadora, a fin de “revisar todos los actos y el financiamiento en universidades donde se cometen actos de violencia y el cumplimiento de los mismos centros de educación superior de estas normas que son obligatorias y no optativas». «Y por último, le queremos pedir al gobierno encarecidamente que impulse a través de proyectos existentes o proyectos nuevos la pérdida de beneficios sociales, incluida la gratuidad, para todos aquellos quienes delinquen, quienes cometen actos de vandalismo al interior de establecimientos educacionales, porque creemos firmemente que si bien los beneficios sociales pueden ser un derecho, estos traen aparejados un catálogo de deberes que como país tenemos que ser capaces de exigir», enfatizó.