Cada temporada se repite la misma historia: el productor agrícola entrega su cosecha, acepta el precio que le ofrecen y se va a casa con la sensación y otras veces con la certeza de haber perdido, pero sin saber exactamente cómo ni por qué. Solo saben que trabajaron todo el año, para perder parte de su patrimonio.
No es casualidad. Es una asimetría de información que opera hace décadas en silencio y sobre la cual, nadie dice nada, ni la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ni otras instituciones quienes debiesen velar por los productores.
Las grandes cadenas de distribución y las exportadoras manejan datos de mercado, proyecciones de precios y estructuras contractuales que el productor pequeño o mediano simplemente no tiene. Cuando firman un contrato de compraventa o un convenio de entrega a precio variable, lo hacen muchas veces sin entender que ese documento puede estar diseñado para proteger a una sola parte: la que compra.
Así lo manifiestan los productores, quienes muchas veces no entienden las rendiciones que efectúan las grandes exportadoras, quienes determinan un precio a pagar a productores, unilateralmente, sin entregar detalles y sustentos. Solo se limitan a entregar una liquidación.
¿Existe algún mecanismo para defenderse? Sí, pero pocos lo conocen El peritaje judicial es una herramienta legal que permite acreditar ante un tribunal – con evidencia técnica y documentada – si el precio pactado fue injusto, si el contrato contenía cláusulas abusivas o si el productor fue perjudicado económicamente de manera demostrable.