El Estado chileno es dueño de cerca del 56% del territorio nacional, más de 42 millones de hectáreas que incluyen desde terrenos en zonas extremas hasta propiedades urbanas abandonadas, subutilizadas o afectadas por ocupaciones irregulares. Ese patrimonio es el objetivo de uno de los planes más ambiciosos de la administración del presidente José Antonio Kast.

Según informó Diario Financiero, el proceso arrancó el 9 de abril, cuando el Ministerio de Hacienda despachó un oficio a ministerios y subsecretarías para levantar un catastro de todos los activos del Estado, tanto los prescindibles como los que el Fisco necesita conservar. El titular de la cartera, Jorge Quiroz, prefirió encuadrarlo como un "manejo integral de activos" más que como una venta masiva, aunque el objetivo práctico es convertir en liquidez un patrimonio que hoy no produce retorno.

Un paso clave ocurrió el 11 de junio, cuando los subsecretarios Javier Peró, de Bienes Nacionales, y Karlfranz Koehler, de Economía, firmaron un convenio de colaboración para identificar activos susceptibles de traspaso. El acuerdo instaló una mesa técnica que hará el seguimiento y la gestión del proceso.

El primer foco está en las herencias vacantes, es decir, las sucesiones sin herederos conocidos en las que los bienes pasan automáticamente al Fisco. Bienes Nacionales tiene en revisión 1.500 inmuebles provenientes de esa figura, y estima que el 23% está en condiciones de ser ofertado en el corto plazo. En paralelo, la Subsecretaría de Economía ya identificó un conjunto de 634 activos adicionales y trabaja en definir la metodología de venta antes de que termine junio.

El 1 de julio entra en vigencia la orden ministerial que redefinió los criterios para la administración y disposición de inmuebles fiscales. La norma establece principios de eficiencia y transparencia, reduce la discrecionalidad en el manejo del patrimonio público y prioriza la enajenación de bienes disponibles y prescindibles. Con esa base instalada, el gobierno proyecta las primeras ventas para el tercer trimestre, lo que implica que los primeros inmuebles fiscales podrían salir a oferta antes de octubre.