Un fallo de la Contraloría General de la República abrió un nuevo frente político para el gobierno de José Antonio Kast. El organismo concluyó que la exministra de Seguridad Trinidad Steintert actuó fuera de sus atribuciones al solicitar a la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) antecedentes detallados sobre funcionarios que participaban en una investigación penal activa. La resolución reactivó el debate sobre la salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la institución.
El senador por Antofagasta Esteban Velásquez, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), argumentó que el clima de presión generado por Steintert explica lo que ocurrió con Peña. "Se debe revisar la presión que ella ejerció y una serie de acciones de la exministra que trajeron muchas complicaciones", señaló el parlamentario.
Para el legislador, el problema trasciende la política. Tiene consecuencias directas en seguridad pública. Velásquez apuntó que el Estado ha invertido en la formación de oficiales como Peña, cuya carrera exhibe resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. "Chile no puede darse el lujo de perder una carta tan importante", sostuvo.
El llamado fue directo al presidente. Velásquez pidió a Kast actuar "desde su mirada como estadista" y revaluar la situación de Peña, con la posibilidad de reintegrarla a sus funciones. Lo planteó como "un buen gesto del gobierno".
El fallo de Contraloría identifica una conducta precisa: Steintert solicitó antecedentes de funcionarios de la PDI que, además, participaban en una investigación penal en curso. El organismo concluyó que eso está fuera de las atribuciones de un ministro de Estado. Velásquez pide que el gobierno corrija las consecuencias de esas irregularidades, comenzando por la reincorporación de Peña.
